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Riquelme Abogados

Cánones sobre ocupación del dominio público

Cánones sobre ocupación del dominio público

RECLAMACIÓN
PRESIDENTE:
Dª. Paloma González Alonso.
VOCALES:
Dª. Margarita Ortiz García.
A.BOGADO DEL ESTADO-SECRETARIO
Dª. Gema Esther Sotomayor Pérez.
En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de febrero de 2014, reunido el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife, con la composición que más arriba se señala, para ver y fallar el expediente de reclamación económico administrativa referenciado, interpuesta por don Juan Riquelme Santana, en nombre y representación de la entidad ——-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 27 de febrero de 2012, fecha de entrada en este Tribunal 12 de marzo del mismo año la interesada promueve la presente reclamación económico-administrativa contra la liquidación tributaria emitida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, notificada el 31 de enero de 2012 (folio 85), corre pendiente a la Tasa de ocupación durante el periodo comprendido entre el 1 de julio el 31 de diciembre de 2011, liquidación número — de 31 de diciembre, por importe de 91.704,57 euros.

SEGUNDO: Los antecedentes que constan en el expediente, en síntesis, son los siguientes:

– El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tenerife, en sesión celebrada el 16 de enero de 1998, acordó otorgar a — concesión administrativa para la instalación de una —- en los Rellenos del Dique del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El mencionado acuerdo fue debidamente notificado en fecha 2 de febrero de 1998.

– Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 1999, por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se dio traslado a esta Autoridad Portuaria de acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 22 de octubre de 1999, por el que se interesaba “la tramitación del otorgamiento de la concesión administrativa para el uso de los terrenos de titularidad de dicho Organismo”

– En la sesión celebrada por el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 30 de julio de 2002, se acordó, entre otros extremos lo siguiente:

1º.- Revocar el acuerdo adoptado en fecha 16 de enero de 1998, por el que se otorga concesión administrativa a la Empresa — para la instalación de — en los rellenos del Dique del Este del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

4º.- Retrotraer el procedimiento al momento anterior al otorgamiento de la concesión administrativa y someter el Pliego de condiciones a la aceptación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El citado acuerdo fue debidamente notificado a la entidad —- en fecha 19 de agosto de 2002.

– En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4º del acuerdo arriba citado, en la sesión celebrada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en fecha 25 de septiembre de 2008, se acordó entre otros extremos, lo siguiente:

1°.- Aprobar el Pliego de Condiciones al que ha de ajustarse el otorgamiento de concesión administrativa solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la —- en la Zona de Servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. (…)
2°.- Someter el mentado Pliego a la aceptación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
3°.- Disponer que, por la División de Dominio Público de la Autoridad Portuaria se proceda a la emisión de las liquidaciones correspondientes a la ocupación del dominio público portuario llevada a efecto por la entidad —- durante el periodo no prescrito.
4°.- Requerir a la ”Empresa ———” para que proceda al desalojo de los terrenos de dominio público portuario indebidamente ocupados y sin título habilitante, de conformidad con lo prevenido en el artículo 28 de la ley 48/200 pudiendo presentar, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del siguiente al de notificación del presente acuerdo, cuantas alegaciones estimen pertinentes, significándose que la no realización voluntaria de lo dispuesto podrá dar lugar, además, a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador.

El citado acuerdo fue debidamente notificado a ——- en fecha 10 de octubre de 2008.

En ejecución de lo acordado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en el apartado 3º del acuerdo anterior, por el Director de la Autoridad Portuaria se dispuso, con fecha 4 de enero de 2012, la emisión de la liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011, lo que se concretó en la liquidación tributaria provisional lo que se concretó en la liquidación tributaria provisional número ——

TERCERO: Puesto de manifiesto el expediente al interesado al objeto de la formulación de las pertinentes alegaciones éste presenta escrito en el que se solicita requerir a la Autoridad Portuaria para que aporte determinados documentos que deben figurar necesariamente en el expediente. Este Tribunal efectúa a este Organismo la consiguiente petición de ampliación de expediente, aportándose al efecto, con fecha 23 de mayo de 2012,la documentación que se relaciona:

– Escrito de fecha 31 de mayo de 1995 -registro de entrada número 2.084 de 1 de junio- presentado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicitando se inicien los trámites pertinentes para la reserva de espacio para la ubicación de —— el otorgamiento de la oportuna concesión administrativa.

Sin perjuicio, de lo anterior, en el escrito de remisión se significa que “en lo relativo a la solicitud de Informes donde se acredite que la Empresa ——
ocupa las instalaciones que se liquidan”; entiende esta Administración que dicho extremo queda suficientemente acreditado con las manifestaciones efectuadas por la propia ——– en sus escritos de fechas 20 de octubre de 2008 (folios 44 y 45 del expediente remitido en su día), así como en otro dirigido por la citada —— al Consejo Insular de Aguas y al Excmo. Ayuntamiento de Tenerife para la gestión ——- que igualmente figuran incorporados al expediente remitido (folios 52 a 54).

A la vista de la nueva documentación aportada se puso nuevamente de manifiesto el expediente a la interesada por un plazo de quince días, formulando ó alegaciones en el plazo conferido en las que señala cuanto a su derecho conviene. Entre lo manifestado destaca la prioridad de analizar la cuestión relativa .a si se producen los supuestos de hecho necesarios para considerar que se puede proceder a la liquidación de la Tasa de ocupación, en los términos comprendidos en los artículos 173 y 174 del Real Decreto 2/2011,de 5 de septiembre de 2011, que requiere para que se produzca el hecho imponible la existencia de ocupación del dominio público y que dicha ocupación tenga como pase una concesión o una autorización.

VISTAS: las disposiciones que se citarán, las normas referentes al procedimiento económico administrativo y demás de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal es competente, por razón de la materia y de la cuantía, para conocer en única instancia de la presente reclamación, que ha sido formulada con personalidad y legitimación acreditadas conforme a lo dispuesto en los artículos 226, 229 y 232 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

SEGUNDO: La principal cuestión que se suscita en el presente consiste en establecer si resulta o no ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, a la luz de fas manifestaciones de la interesada.

TERCERO: El artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, establece bajo la rúbrica ”Tasa de ocupación. Hecho Imponible. El hecho imponible de esta tasa consiste en la ocupación del dominio público portuario y del vuelo y subsuelo del mismo en virtud de una concesión o autorización e incluye la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado” para disponer el siguiente artículo 174. “Sujetos Pasivos. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, según proceda, el concesionario o el titular de la autorización”, añadiendo el apartado 179 que: ”El devengo de la tasa se producirá en el momento de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión o autorización”.

Con independencia de que se ocupen o no los terrenos de dominio público la Tasa de ocupación se devenga con la notificación del otorgamiento de a concesión, vinculando en definltiva, el Real Decreto Legislativo 2/2011, esta sa al títufo administrativo y no a la ocupación efectiva. Por tanto, no existiendo título administrativo, o si existiendo desaparece, no se puede exigir la tasa por este concepto.

El hecho de que la Administración Portuaria haya consentido por parte de la entidad — el ejercicio continuado en el tiempo del derecho que le fue concedido en virtud de la concesión administrativa otorgada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en fecha 16 de enero de 1998, aún habiendo acordado el desalojo de los terrenos de dominio público portuario indebidamente ocupados en la sesión celebrada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en fecha 25 de septiembre de 2008, no supone autorización tácita o aquiescencia para esa ocupación, sino mera tolerancia de la administración frente a ese hecho, que no convalida tal posesión,porque no existe título habilitante que le faculte para ello.

A pesar de que es difícil de explicar la tolerancia administrativa durante tan largo tiempo en la ocupación por parte de e esos terrenos;en todo caso,
esa tolerancia, supone dejación de los deberes que incumben a la administración, pero este Tribunal no considera que ello sea demostrativo o prueba irrefutable de esta autorización de ocupación, por la razón de que no es posible reclamar tasas de quien no es concesionaria titular de una autorización.

Asimismo, resulta incomprensible que, en ejecución del apartado 3° del acuerdo adoptado por Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en fecha 25 de septiembre de 2008, se hayan girado liquidaciones provisionales por la Tasa por ocupación privativa del dominio público desde el 1 de enero de 2009, y que no se haya a ejecutado el apartado 4° del acuerdo adoptado en el mismo Consejo de Administración de “Requerir a para que proceda al desalojo de los terrenos de dominio público indebidamente ocupados y sin título habilitante…”

Por lo que se refiere al título también se hace constar el propio Considerando 3º del escrito relativo a fa Aprobación del Pliego de Condiciones Generales bajo el cual se podría otorgar concesión administrativa para la “Explotación de — en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife -notificado a la entidad el 10 de octubre de 2008- “Que revocado el acuerdo adoptado en fecha 16 de enero de 1998 por el que se otorgó concesión administrativa a la Empresa — la ocupación del dominio público que dicha entidad ha mantenido hasta la fecha tiene el carácter de ocupación en precario”.

En efecto, la ocupación del dominio público sin·autorización ad inistrativa, constituye una mera utilización en precario, que puede ser suprimida en cualquier momento por la Administración,y son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que se refieren a este respecto así, la Sentencia del TS de 7 de octubre de 1996, reconoce que la mera tolerancia administrativa no es ningún caso equiparable a la existencia de un título habilitante, y refiere los siguientes pronunciamientos jurisdiccionales:

– ”La falta de licencia no puede ser suplida por el simple transcurso del tiempo”

– ”El mero transcurso del tiempo no legitima ninguna actividad, cuando ésta no se ha ejercitado con pleno ajuste a derecho”

– ”El conocimiento de una situación de hecho por la Administración y hasta la tolerancia que pueda implicar una situación pasiva de ella, no puede, de ninguna forma ser equivalente al otorgamiento de la correspondiente autorización municipal legalizadora”;

– “El abono de cualquier tasa o impuesto municipal no implica licencia ni conlleva su concesión”.

La jurisprudencia también aplica la situación administrativa de precario a los supuestos en los que la utilización privativa o especial del dominio público se ha realizado con un título habilitante, pero que una vez extinguido dicho título, continúa la utilización, con la tolerancia de la Administración incluso aunque, en su caso, se hubiera pagado la tasa correspondiente ya que el pago de la tasa lo único que evita es el enriquecimiento injusto por parte del previamente autorizado.

La reacción de la Administración en el supuesto de ocupación del dominio público, cuando el título habilitante se ha extinguido, es ejercer la potestad de desahucio administrativo, mediante el lanzamiento de los que sin título bastante, ocupan el dominio público y la Sentencia del TS de 28 de julio de 1987 así lo establece.

En definitiva, y sin perjucio del derecho que corresponda a la Autoridad Portuaria para reclamar en la vía civil (enriquecimiento injusto) las cantidades correspondientes por la ocupación indebida del dominio público, lo cierto es que esos importes no pueden reclamarse vía tasas tal y como se configuran éstas por la Ley 48/2003, al no existir el elemento imprescindible como es el título administrativo y esa falta de título es lo que justificaría, en su caso, la reclamación por la vía del enriquecimiento injusto.

CUARTO: Este Tribunal,comprobado el hecho de que por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que,en sesión celebrada el 30 de julio de 2002, declaró la extinción de la autorización administrativa de titularidad de la entidad reclamante, concluye que a Autoridad Portuaria no tiene facultad alguna para exigir al sujeto pasivo la Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario pues esta Tasa requiere, según se ha visto con anterioridad, la existencia de una concesión o autorización vigente, por lo que extinguida, como en el presente caso, la autorización administrativa, se carece de un elemento esencial que configura el hecho imponible, en virtud del cual puede exigirse la deuda tributaria.

QUINTO: Después de las declaraciones efectuadas anteriormente, es improcedente el pronunciamiento sobre las demás cuestiones de fondo que se contienen en el escrito de alegaciones.

Por todo lo expuesto,

Este Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife, reunido en Sala y resolviendo en única instancia, acuerda ESTIMAR la presente reclamación, con anulación de los actos impugnados, de conformidad con lo expuesto en los anteriores Fundamentos de Derecho.

Se previene que contra este Fallo, que agota la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso a ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en término de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notifícación,con arreglo al contenido del artículo 249 de la Ley 58/.003, 1 e 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio del recurso de a fación si concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.6 de la citada Le y/o de ejercitar cualquier otro si lo estima pertinente.

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