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Riquelme Abogados

Ejecución de los acuerdos adoptados por la Administración Portuaria

Ejecución de los acuerdos adoptados por la Administración Portuaria

Tribunal Superior de Justicia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera

Procedimiento : Procedimiento abreviado N° Procedimiento: 0000212/2014

NIG: 3803833320 140000269
Materia: Contratos Administrativos Resolución: Sentencia 000194/2014

Intervención:
Demandante ___

Demandado AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

NOT DE 24 DE OCTUBRE DE 2014

Procurador:
BEGOÑA ARANZAZU PINTADO GONZALEZ

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Presidente Don Pedro Manuel Hernández Cordobés

Ilma. Sra. Magistrada Doña María .del Pilar Alonso Sotorrío

Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife a 22 de octubre de 2014, visto por esta Sección Primera de la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS , con sede en Santa Cruz de Tenerife , integrada por los Señores Magistrados anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo seguido con el n° 21212014 por cuantía indeterminada, por los trámites de PROCEDIMIENTO ABREVIADO, interpuesto por la entidad mercantil representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Begoña Pinta o González y dirigida por el Abogado Don Juan Riquelme Santana, habiendo sido parte como Administración demandada la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE y en su representación y defensa el Abogado del Estado, se ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Pretensiones de las partes y hechos en que las fundan

A.- En resolución de fecha 24 de mayo de 2011 dictada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se acordó
– Retrotraer el expediente al momento inmediatamente anterior a la adopción de la resolución de 10 de noviembre de 2010, a efectos de que por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se inicie, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, en la redacción dada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, el procedimiento de concesión administrativa de la que es titular la entidad ___ por resolución de 16 de mayo de 1997, para la Construcción y Explotación de un Puerto Deportivo en ___ con fecha 27 de mayo de 2014 y a efectos de lo previsto en el art. 29.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso­-Administrativa, se interesó la ejecución de dicho acuerdo, sin que en el plazo de un mes se recibiera contestación alguna, ante lo cual se interpuso, con fecha 9 de julio de 2014, el presente recurso contencioso-administrativo.

B.- La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso­-administrativo, formalizando demanda con la solicitud de que se dictase sentencia en virtud de la cual, estimando en todas sus partes el recurso, se condenase a la demandada a dar cumplimiento a lo acordado por su Consejo de Administración con fecha 24 de mayo de 2011 en orden al cumplimiento inmediato de la obligación 1 al de revisión de la concesión administrativa de la que es titular la entidad ___, con sujeción a las normas requisitos y condiciones que resultan de los informes evacuados a petición de la propia demandada por los Servicios Jurídicos del Estado y los que se han puesto de manifiesto, con imposición de costas.

C.- La representación procesal de la Administración demandada se opuso a la pretensión de la actora e interesó que se dictase sentencia por la que se inadmitiera el recurso en el acto de la vista, la Administración alegó como excepción la falta de acreditación de los requisitos procesales necesarios para el ejercicio de la acción por una persona jurídica, con base en el art. 45, 2, d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso­ Administrativa.

D.- En el acto de la vista la parte actora ratificó su solicitud y la Administración demandada se opuso a la misma interesando que se dictase sentencia por la que se desestimase el recurso interpuesto dado que es necesario un plazo razonable para la ejecución del acuerdo adoptado ya que faltan por realizar obras en la zona de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife que determina los términos de la revisión; recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta y admitida con el resultado que consta en las actuaciones y oídas las partes en conclusiones , quedaron los autos a la vista para dictar sentencia.

SEGUNDO: Votación y fallo
La reunión del Tribunal para votación y fallo se llevó acabo el día 17 pasado, habiéndose observado las formalidades legales en el curso del proceso, dándose el siguiente resultado y siendo ponente el limo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Objeto del recurso
Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto la no ejecución por la Autoridad Portuaria de la resolución firme de fecha 24 de 24 de mayo de 2011 dictada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó

– Retrotraer el expediente al momento inmediatamente anterior a la adopción de la resolución de 10 de noviembre de 2010, a efectos de que por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se inicie, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de /os Puertos de Interés General, en la redacción dada por la Ley 3312010, de 5 de agosto, el procedimiento de revisión de la concesión administrativa de la que es titular la entidad ___ por resolución de 16 de mayo de 1997, para la Construcción y Explotación de un Puerto Deportivo en ___ con fecha 27 mayo de 2014 y a efectos de lo previsto en el art. 29.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se interesó la ejecución de dicho acuerdo, sin que en el plazo de un mes se recibiera contestación alguna, ante la cual se interpuso, con fecha 9 de julio de 2014 , el presente recurso contencioso-administrativo .

SEGUNDO: En primer lugar ha de analizarse la excepción alegada de falta de capacidad para el ejercicio de la acción conforme a lo previsto en el art. 45.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que determina: A este escrito se acompañará: El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones /as personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado; el cumplimiento o no de dicho requisito debe analizarse atendiendo detallada y pormenorizadamente cada caso en concreto , a fin de determinar quién otorga el poder y qué facultades ostenta, así como por ejemplo si quien otorga el poder, y es un poder apud-acta, es el Administrador Único de la entidad mercantil o un Consejero Delegado, con las facultades delegadas necesarias para ello o hay un acuerdo del órgano competente de la entidad o persona jurídica decidiendo el ejercicio de la acción.
Dicho lo anterior , lo cierto es que el criterio seguido por la actual jurisprudencia de la Sala 33 del Tribunal Supremo, que, por ejemplo , aparece resumida en la Sentencia de 14 de julio de 2009 (recurso 2480/2008) , establece que: “En efecto, en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso­ Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2008 (RC 4755/ 2005), advertimos la distinción entre el poder de representación procesal y el acuerdo expresivo de la decisión de litigar de /as personas jurídicas , y rechazamos /as alegaciones formuladas respecto de la inexigibilidad de aportar dicho acuerdo societario para interponer un recurso contencioso-administrativo, con /os siguientes razonamientos:….”.
Los requisitos deben acreditarse y cumplirse antes de que se dicte sentencia y no es imprescindible requerir a la parte para que subsane y cumpla con una obligación legal que debe saber que le incumbe acreditar adecuadamente. La aplicación de dichos criterios al presente caso determina la desestimación de la excepción por cuanto que se ha aportado y obra en autos la certificación expedida por el Secretario del Consejo de Administración de la mercantil actora , en la que se indica que, en sesión celebrada el 9 de julio de 2014, el Consejo de Administración, con la presencia de la totalidad de sus miembros acordó la interposición del presente recurso.

TERCERO: Como única otra alegación contraria a la ejecución del indicado Acuerdo cuya firmeza no se discute , la Administración alega la existencia de una serie de obras que todavía no se han realizado en el entorno de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife , obras que determinan los término de la revisión que ha de llevarse a efecto.
La realidad es que el argumento en cuestión es ineficaz para determinar la paralización del inicio del expediente de revisión que ya se ha demorado más de 3 años , cuando de hecho, la realidad es que todos los proyectos de obra que pueden afectar a la realización de la revisión si están terminados y determinados , o, al menos, no se acredita lo contrario , lo cual permite estimar como viable la revisión a realizar aunque sea sobre la base de las obras que van a realizarse , es decir, sobre lo proyectado. Se trata en cualquier caso de una cuestión que en su caso deberá abordar el expediente de revisión. No puede la Autoridad Portuaria reclamar ahora la necesidad de adoptar un plazo razonable en aras a dichas obras cuando la revisión en cuestión ya se ha demorado más de 3 años.
En aras a lo expuesto y siendo patente la inejecución de la resolución firme dictada con fecha 24 de mayo de 2011, que por lo demás no es sino la aplicación directa de lo dispuesto en el actual art. 89 del Real Decreto Legislativo 2/2011 , de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, al tratar sobre la Revisión de concesiones .

CUARTO: Sobre las costas procesales. De conformidad con lo previsto en el art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso­ Administrativa, procede imponer a la Administración demandada las costas causadas.

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido estimar el recurso interpuesto por la entidad mercantil ___ condenando a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a que proceda a dar cumplimiento a lo acordado por su Consejo de Administración con fecha 24 de mayo de 2011 en orden al cumplimiento inmediato de la obligación legal de revisión de la concesión administrativa de la que es titular la entidad ___.

Todo ello con expresa imposición a la Administración demandada de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer ante esta Sala, por escrito y en el plazo de diez días hábiles, recurso de CASACIÓN del que conocerá la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, debiendo, en su caso, la parte actora realizar el depósito previo de 50 euros en la cuenta de consignaciones de esta Sección. n° 3799 0000 24 0212/14 abierta en la entidad bancaria BANCO DE SANTANDER, acreditándolo al interponer el recurso, sin lo cual no se admitirá a trámite el mismo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

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1 Comentario

  1. Riquelme Abogados
    abril 2, 2015

    si bien esta Sentencia se encuadra dentro del derecho portuario por afectar directamente a una concesión administrativa, sin embargo se trata de una cuestión bastante común en el derecho administrativo, donde las Administraciones dictan actos administrativos, tales como reconocimiento de derechos ,al pago de una cantidad, demoliciones de construcciones ilegales…. y sin embargo no procede a su ejecución dando cumplimiento a lo acordado por ella misma. En este caso opera el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el Tribunal obliga a la Administración a que ejecute sus propios actos.

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