922248871
info@riquelmeabogados.es
922271252

Riquelme Abogados

Impugnación IBI por falta de notificación valores catastrales

Impugnación IBI por falta de notificación valores catastrales

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2

Procedimiento: 0000048/2013
NIG: 3803845320130000175
Materia: Administración tributaria
Resolución: Sentencia 000314/2013

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2013

Vistos han sido los presentes autos de recurso contencioso administrativo por el ilmo. Sr. Magistrado – Juez de este Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de los de Santa Cruz de Tenerife y su provincia. Autos que han sido tramitados como procedimiento abreviado y
recurso que ha sido interpuesto por ___ contra el Ayuntamiento de esta capital. Ha versado el recurso sobre inejecución de acto administrativo firme. La cuantía del recurso es de 2.183’24 €.

Nuestra sentencia se fundamenta en los siguientes:

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 24 de enero de 2013 interpone recurso contencioso administrativo contra Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por inejecución de acto administrativo firme, cual es la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife de fecha 18 de mayo de 2009 , que dispuso anular la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles del ejercicio 2008 de ___, por no haberse cumplido lo previsto en el artículo 102.2 de la LGT y, asimismo, por no ser aplicable el nuevo valor catastral presuntamente comunicado en 26.02.2008 a la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 2008, conforme a lo establecido en los artículos 31.2 y 29.3,4 y 5 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Tras la exposición de hechos y fundamentos de derecho, la demanda suplica de este juzgado que: “acuerde dictar sentencia en la que se condene al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que proceda a la ejecución de la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal del citado Ayuntamiento de fecha 18 de mayo de 2009 , debiendo proceder a la devolución de la cantidad de dos mil ciento ochenta y tres euros con veinticuatro céntimos más los intereses legales y se proceda a la condena en costas.”

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 30 de enero de 2013, se admite a trámite la demanda.

TERCERO.- El día 23 de octubre de 2013 se celebra la vista, sin que asista la parte demandada. Ratificada la parte actora en todas y cada una de sus pretensiones, se propuso y admitió prueba en los términos que constan en acta. Oída seguidamente en conclusiones la única parte comparecida, quedó el pleito concluso para sentencia.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La existencia de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal resulta sin lugar a dudas de los documentos adjuntos a la demanda y de los que obran en el expediente administrativo. De esas mismas fuentes resulta su firmeza, en la medida en que no consta revocado ni anulado. Consta también que el impuesto cuyo importe ha de ser devuelto fue abonado a las arcas municipales. Por último, se acredita también documentalmente que hasta en 2 ocasiones el perjudicado solicitó la ejecución de la resolución del Tribunal Económico Administrativo, en concreto por medio de escritos de 4 de noviembre de 2011 y de 3 de agosto de 2012.

SEGUNDO.- Si es ya inverterada doctrina jurídica, en relación a los privados, que no se puede ir en contra de los propios actos, para la Administración pública, que de acuerdo con el mandato del artículo 103 de la Constitución “sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, dicho principio adquiere un valor cualitativamente distinto al que opera en el ámbito de las relaciones entre particulares, campo del Derecho privado donde nació ese principio general, pues no sólo supone la vinculación con los propios actos de decisión adoptados, en tanto sean susceptibles crear efectos favorables para el interesado o con terceros, sino que supone un límite del ordenamiento jurídico a la discrecionalidad en el actuar administrativo y prevención del mayor peligro de ésta, cual es la arbitrariedad (art. 9.3 de la CE, que consagra el principio jurídico de “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”). Desde esa perspectiva, la vinculación al acto propio de voluntad es signo de buena fe y de respeto la confianza legítima que la exteriorización de esa voluntad haya podido ocasionar en el destinatario del acto o en terceros.
Las administraciones públicas, por tanto, no sólo pueden, sino que deben ejecutar sus propios actos una vez éstos son firmes .
En el presente caso, la ejecución del acto no se ha acreditado cumplidamente por la demandada. De conformidad con el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), en estos casos el acreedor puede reclamar de la administración el cumplimiento de la obligación y si en tres meses desde la fecha de la reclamación la administración responsable no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado o alcanzado acuerdo con el beneficiario, queda expedita la posibilidad de impetrar la tutela judicial.
La compañía recurrente, no sólo ha reclamado el cumplimiento de la obligación , sino que lo ha hecho en dos ocasiones. Ninguna de sus reclamaciones consta que surtiera efecto e incluso tampoco consta en autos ninguna respuesta negativa, de manera que los posibles motivos para la inejecución permanecen ignorados.

Por consiguiente, procede la estimación íntegra del recurso, en los términos indicado en el suplico de la demanda.

TERCERO.- Estimado íntegramente el recurso, se imponen las costas a la administración demandada, conforme al artículo 139 de la LJCA. Las costas se imponen por su totalidad .

Por lo tanto,

En nombre de Su Majestad el Rey,

 

FALLO

1°) Estimar el recurso contencioso administrativo.

2°) Condenar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a que proceda a devolver a la suma de dos mil ciento ochenta y tres con veinticuatro céntimos, según resulta de la resolución del tribunal económico administrativo municipal de fecha 18 de mayo de 2009, más los intereses legales devengados .

3°) Condenar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al pago de las costas procesales.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncia , manda y firma Su Señoría Ilustrísima, don Evaristo González González, MAGISTRADO -JUEZ del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de los de Santa Cruz de Tenerife y su provincia . Doy fe-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicad fue la anterior sentencia por el limo. Sr. Magistrado – Juez que la ha dictado, en el mismo día de su fecha y constituido en audiencia pública. Doy fe.

Tags: , ,

Deja un comentario

AVISO SOBRE COOKIES

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación y obtener datos estadísticos de la misma. Continuando la navegación, cerrando este banner, recorriendo la página o seleccionando una parte de ésta, aprueba el uso de Cookies. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. POLÍTICA DE COOKIES, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies