Procedimiento: Procedimiento Ordinario

Nº Procedimiento: 401/2014

Materia: Responsabilidad Patrimonial

Resolución: Sentencia 288/2015

Procuradora: BEGOÑA ARANZAZU PINTADO GONZALEZ

Demandado: BALSAS DE TENERIFE BALTEN

 

 

SENTENCIA

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2015.

Visto por el  limo. Sr./Sra. D./Doña  FRANCISCO EUGENIO ÚBEDA TARAJANO, Magistrado-juez  del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1, el presente  Procedimiento ordinario F000401/2014, tramitado a instancia de D./Dña. – , representado/a  por  el/la  procurador/a  D./Dña. BEGONA ARANZAZU PINTADO GONZALEZ y asistido/a por el/la abogado D./Dña. Desconocido; y  como demandado/a  el/lá  BALSAS DE TENERIFE  BALTEN, representado/a  por e/la Procurador/a D/Dña. Desconocido, y asistido/a por el/la abogado/a D./Dña.  Desconocido,  versando  sobre esponsabilidad  patrimonial.

 

ANTECEDENTES   DE HECHO

 

PRIMERO.- Por la representación antes indicada, se interpuso recurso contencioso-administrativo, en fecha 14 de noviembre dos mil catorce  contra la Resolución  de 8/9/2014 desestimatorio del recurso de reposición interpuesto frente a anterior Resolución de 217/2014 que inadmitió a trámite la solicitud de inicio de expediente de responsabilidad patrimonial efectuada  por la recurrente  frente a la demandada.  Admitido  a trámite el recurso,  se acordó reclamar  a la Administración   el  correspondiente  expediente.

SEGUNDO.- Recibido el expediente, se dio traslado del mismo al recurrente, quien formalizó demanda en fecha 26/2/2015, dándole plazo  de veinte días a la Administración   demandada para que la contestara, lo  cual  verificó.

TERCERO.- Recibido el procedimiento a prueba,  y habiéndose practicado  las declaradas pertinentes, previas  conclusiones   de las  partes,  se declararon   los  autos  conclusos  para Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones  de las partes

La parte actora, en el  suplico  de su demanda,  solicita el  dictado  de una Sentencia  por la  que re anule  la  resolución   impugnada   y se ordene  a la  demandada   a tramitar y resolver  el expediente de responsabilidad   patrimonial.

Por su parte, la Administración  demandada interesa la desestimación  de la demanda por ser el acto administrativo  impugnado ajustado a Derecho.

SEGUNDO.- Sobre la procedencia de inadmitir a trámite la solicitud de responsabilidad patrimonial.

El artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre impone a la demandada  la obligación de tramitar y resolver en cuanto al fondo las solicitudes de responsabilidad patrimonial siguiendo los trámites procedimentales allí previstos (artículo 142.3 LPAC) siendo  el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias un trámite esencial del procedimiento  cuando el importe de lo reclamado exceda, como es el caso, de los 8.000 euros.

El artículo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala que la Administración  “podrá resolver la inadmisión de las solicitudes  de reconocimiento de derechos no previstos  en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”.

Se trata, en definitiva, de una decisión administrativa que rechaza “ad limine” la reclamación sin tramitar el procedimiento administrativo correspondiente  en el que la parte pudiese alegar y probar la procedencia  de la reclamación  presentada .Y sin solicitar el informe preceptivo  al Consejo Consultivo de Canarias.

Es por ello que la inadmisión de plano debe  entenderse referida a los supuestos más palmarios y evidentes en los que la reclamación de responsabilidad  carezca de fundamento de forma “patente y manifiesta” sin que puedan ser utilizada fuera de estos casos como un mecanismo de desestimación anticipada del fondo, pues  ello reduce las garantías del solicitante  y le obliga a acudir a los tribunales sin disponer de una decisión de fondo sobre la concurrencia  de los requisitos  en los que se funda la reclamación  de responsabilidad  y sin los informes técnicos preceptivos.

Entiende este Juzgador que la facultad que el sobre dicho artículo  89.4 de la Ley 30/1992 otorga a la Administración Pública exige una aplicación  estricta  a aquellos  casos en que la solicitud del  interesado   se presenta  carente  de fundamento de una manera  patente  y palmaria, lo que ciertamente  solo  puede decidirse en función de las circunstancias concurrentes en cada caso particular,  si bien al mismo tiempo  es claro que un ejercicio  de aquella facultad que excediera  aquellos  reducidos  límites   incidiría  en  una  práctica administrativa abusiva con lesión  de los derechos del  interesado  que  acude  ante  la Administración con una determinada solicitud,  que,  salvo  el supuesto  excepcional contemplado en el referido artículo 89.4, ha de ser objeto de la correspondiente  tramitación previa a su resolución.

De modo que en aquellos supuestos  en los que la Administración  inadmite  la reclamación sin tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, el pronunciamiento de este Juzgado debe controlar, con carácter previo y fundamentalmente, si la reclamación presentada  en vía administrativa puede ser considerada como <<manifiestamente carente de fundamento>>,  pues en caso contrario la Administración habría incumplido su obligación de tramitar y resolver  en cuanto al fondo  la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, privando a la parte y a este Juzgado de  los informes técnicos  preceptivos,  para determinar si existió o no un funcionamiento anormal de la Administración.

Así las cosas es lo cierto que la solicitud  no sólo no es carente de fundamento  sino que la propia  resolución  impugnada  inadmitió a trámite  la solicitud  aduciendo  motivos de fondo al indicar que “al resultar ajena tal limitación a la voluntad de BALTEN, viniendo impuesta por los condicionantes  físicos de falta de capacidad de las propias instalaciones…”

Es por ello que este juzgador considera que la resolución administrativa que acordó la inadmisión de su reclamación administrativa no es conforme a derecho debiendo anularse la misma ordenando retrotraer las actuaciones al momento de la presentación de la misma para que la Administración tras la tramitación correspondiente y la petición del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias dicte resolución expresa.

TERCERO.- Costas

Procede, de conformidad con lo antes razonado, y sin necesidad de otros análisis, la estimación del recurso contencioso-administrativo; con imposición a la demandada de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción contencioso-administrativa -LJCA- (según la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) y  por no concurrir razones que justifiquen apartarse de la regla general establecida en dicho precepto legal.

Y al amparo del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción se señala como cantidad máxima a reclamar por el Letrado de la parte recurrente la cantidad de 3000 euros. Todo ello en atención; a), a que las costas se imponen por imperativo legal, y en tales casos este Juzgado de acuerdo además con las normas del Colegio de Abogados Santa Cruz de Tenerife, exige una especial moderación; y b), a que la actividad de las partes se ha referido a motivos sin especial complejidad. Obviamente sin perjuicio de que el Letrado pueda interesar de su cliente la cantidad que estime proceda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

 

FALLO

 1°.-) ESTIMAR el recurso interpuesto, anulando las resoluciones impugnadas y reconociéndolas  pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.

2°.-) IMPONER LAS COSTAS DEL RECURSO en los términos ya indicados en el último Fundamento de Derecho de esta Sentencia.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de  apelación.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, devolviéndose el expediente a su lugar de origen una vez firme.

 Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.