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Plazo de prescripción de los intereses de demora en los contratos públicos

Plazo de prescripción de los intereses de demora en los contratos públicos

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Procedimiento: Recurso apelación Contencioso-Administrativo. Sección Primera

Nº Procedimiento: 0000104/2014

NIG:3803845320120002100
Materia: Contratos Administrativos
Resolución: Sentencia 000047/2015  Nº proc. Origen: 0000496/2012- 00

Órgano origen: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife
Demandado CABILDO INSULAR DE TENERIFE

NOT DE 27 DE MARZO DE 2015

 

SENTENCIA

Ilmos. Sres.: PRESIDENTE
D. Pedro Hernández Cordobés
MAGISTRADOS
D. Rafael Alonso Dorronsoro
D. Jaime Guilarte Martín- Calero
En Santa Cruz de Tenerife a 16 de marzo de 2015.

Visto por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Sección 1ª, integrada por los Sres. Magistrados antes reseñados, el presente recurso de apelación representado por el letrado Don Juan Riquelme Santana y la Procuradora Doña Begoña Pintado González; como apelado el Cabildo Insular de Tenerife, en su representación y defensa su Servicio Jurídico; sobre contratos; ponente don Jaime Guilarte Martín -Calero.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1.  El Juzgado número 4 dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 23 de julio de 2012, con imposición de costas.
  2. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación. Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a la Sala, formándose el correspondiente rollo. Señalado día y hora para votación y fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. La sentencia apelada desestima la pretensión de cobro de los intereses de demora de devengados por el pago extemporáneo de determinadas certificaciones de la obra “rehabilitación integral del edificio anexo a la Casa Lercaro”, adjudicada en el año 2004, “por ser anteriores al plazo de garantía; por no haber recurrido la liquidación del contrato con la certificación final, mostrando conformidad en dicho momento a pesar de conocer las concretas dilaciones que se hayan podido producir en los pagos de las respectivas certificaciones de obra”

2. El artículo 147 de la Ley de Contratos de 2000 (en los mismos términos el 218 de la Ley 30/2007) regula en el apartado 1 la recepción y el inicio del plazo de garantía, aprobación de la certificación final y pago al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. El número 3 regula la cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y, “en su caso, el pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4” sobre intereses de demora.

3. Los hechos relevantes no controvertidos son:
– Pago de certificaciones que ha incurrido en mora.
– Acto de recepción de la obra firmada el 10 de octubre de 2006 iniciándose el plazo de garantía.
– Acuerdo de fecha de 5 de noviembre de 2007 (folio 1529) por la que, con cita del artículo 147.1, se aprobó la recepción de la obra y la certificación final. El pago se condicionó a la aprobación del crédito. No consta alegada ni probada la fecha de pago.
– Escrito presentado 11 de diciembre de 2008 solicitando la devolución de los avales tras haber transcurrido el plazo de garantía.
– La cancelación de la garantía se resuelve el 2 de junio de 2009.
– Petición de pago de intereses el 27 diciembre de 2012.
– El acto imputado se basa en que las resoluciones anteriores, debidamente notificadas, son firmes y consentidas. La conformidad con la recepción y liquidación de las obras produce la caducidad de la acción.

4. En el presente caso no se ha producido la liquidación de la obra pues no es tal la denominada en la contestación a la demanda y en la sentencia apelada certificación final-liquidación. Se trata simplemente del pago de la certificación final a cuenta de la liquidación del contrato.
Así que no estamos en un supuesto idéntico al de la STS de 20 de junio de 1990(citada en la contestación a la demanda y también en el escrito de conclusiones de la parte actora) por la que, tras declarar innecesaria la reserva acerca de los intereses devengados, “no existe obstáculo alguno para considerar decaído el derecho del contratista, al tratarse de una obra que, con el conforme del contratista, ha sido recibida, liquidada y devuelta garantía”.
En el caso ahora enjuiciado sí que ha sido devuelta la garantía pero a continuación no procedió la Administración demandada de oficio al pago de las obligaciones pendientes cuya no ha sido negado en cuanto a los intereses de demora que ahora importan. Ante la realidad de este hecho, en conclusiones se alega la prescripción contando el día inicial desde la notificación de la certificación final (certificación final-liquidación en sus términos), pero tampoco se alega y prueba la fecha de pago de la certificación final. Además quedaba pendiente el transcurso del plazo de garantía y la devolución de las garantías.

5. Literalmente dice la STS de 26 de enero de 1998 (recurso(recurso de casación 353/91) “la jurisprudencia niega que las certificaciones tengan autonomía y sustantividad propia respecto del contrato principal al configurarlas como “pagos a buena cuenta”, lo que demuestra su dependencia respecto de aquel… Sabido es que la prescripción es una institución que, entre otras finalidades, pretende dar seguridad y firmeza a las relaciones jurídicas a causa del silencio de la relación jurídica que prescribe. De este planteamiento se sigue que no puede alegar la prescripción, en su favor, quien con su conducta impide que la relación jurídica que une a los contratantes quede terminada. Así actúa, la Administración que no procede, como es su deber, a la liquidación definitiva y a la cancelación de las fianzas prestadas, a que viene obligada en virtud de los dispuestos en el art. 55 y 57 LCE. Aplicar, en esta situación, la prescripción comporta un trato profundamente discriminatorio para ambas partes contratantes, pues mientras los derechos del contratista están prescribiendo, los de la Administración, derivados del contrato, se encuentran intactos y son ejercitables en cualquier momento, sin que para ellos la prescripción haya comenzado.
En el mismo sentido muchas otras posteriores como la STS 8 de julio de 2004 (recurso de casación para unificación de doctrina 185/03).
Ella no quiere decir que la falta de liquidación impida la extinción del contrato por su cumplimiento pues también es aplicable la prescripción. En este sentido la STS 3 de febrero de 2003 (recurso 3801/01) “El 26 Abr. 1990, cuando se pagó la segunda certificación de obra, sin reclamación alguna pendiente, se habían concluido las relaciones jurídicas derivadas del contrato… Las obras se encontraban ejecutadas y recibidas sin reserva por parte de la Administración. La totalidad del precio estaba cobrado, igualmente sin protesta alguna, por parte de la empresa contratista. No se menciona que existiese reclamación alguna entre las partes pendientes de solucionar. Concluidas las relaciones jurídicas derivadas del contrato, no consta que el Ayuntamiento practicara la liquidación definitiva de la obra, que tiene por objeto abonar al contratista el saldo resultante de la misma, ni ello era necesario, ya que las prestaciones de ambas partes del contrato habían sido cumplidas a plena satisfacción de ambas. No consta tampoco que Ferrovial S.A., pidiese al Ayuntamiento que practicase liquidación definitiva alguna de la obra o que formulase cualquier otra solicitud que mantuviese vivas las relacione jurídicas derivadas del contrato. Estas relaciones se habían extinguido desde el pago de la segunda certificación de obras, que tuvo lugar, como hemos dicho, el 26 Abr. 1990. De lo expuesto resulta que cuando Ferrovial S.A., presentó su solicitud de pago de intereses de demora de las certificaciones de obra –el 15 Dic. 1995—había ya transcurrido el plazo de prescripción de cinco años (plazo que no se discute), computado desde la completa extinción de las relaciones jurídicas derivadas del contrato, por lo que la sentencia desestimatoria que se impugna, que declaró dicha prescripción, se ajusta a derecho, sin que fuese procedente contar el plazo desde una liquidación definitiva que no consta practicada por innecesaria”.

6, En consecuencia, no existiendo liquidación del contrato a modo de finiquito, tampoco ha transcurrido el plazo de cuatro años contando desde cuando pudo entenderse terminada la relación jurídica, esto es en este caso con la notificación en el año 2009 de la devolución de garantías. Ha de ser estimado el recurso de apelación sin imposición de costas (artículo 139.2 de la Ley de esta jurisdicción) reconociendo a la parte actora el derecho a la liquidación de los intereses de demora instado en su escrito de 27 de diciembre de 2012.

FALLAMOS
1 Estimamos el recurso de apelación y revocamos la sentencia apelada.
2 Anulamos el acto impugnado y reconocemos a la parte actora el derecho pretendido.
3 Sin imposición de costas.
Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Notifíquese de conformidad con el artículo 248.4 de la LOPJ indicando que es firme.

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1 Comentario

  1. Juan Riquelme Santana
    noviembre 23, 2015

    La Sentencia es clara y no deja lugar a dudas el plazo de prescripción para reclamar los intereses de demora empieza a computarse a partir de la finalización del contrato, entendiendo por tal cuando no queda pendiente obligación alguna, por parte de la Administración y el contratista, circunstancia que se produce en el momento de la devolución de la fianza una vez finalizado el periodo de garantía de la obra. Tal consideración que parece no tener interpretación de clase alguna, sin embargo no es pacífica en los Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, en donde algunos Juzgados han interpretado que el plazo de prescripción comienza a computarse a partir de la certificación correspondiente o desde el momento del pago de la última de las certificaciones.
    El problema radica en que la cuantía mínima para recurrir en apelación es de 30.000 €, importe que se ha de corresponder por los intereses recamados por cada certificación ha de ser superior a dicha cantidad, sin que sea posible sumar el resultado de todos los intereses de demora para poder acceder al recurso de apelación, lo que determina que en función del juzgador de instancia la sentencia que se dicte puede ser una u otra.

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