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Riquelme Abogados

Transmisiones Patrimoniales. Imposibilidad de realizar más de dos comprobaciones de valores.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario

Nº Procedimiento: 261/2013

Materia: Administración Tributaria

Resolución: Sentencia 291/2015

Procuradora: BEGOÑA ARANZAZU PINTADO GONZALEZ

Demandado: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANARIAS

Codemandado: CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife a 14 de octubre de 2015, visto por esta Sección Primera de la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Señores Magistrados anotados al  margen, el recurso Contencioso-Administrativo seguido con el nº 261/2013 por cuantía de 8.991,30 euros, interpuesto por – , representados por la Procuradora de los  Tribunales Doña Begoña Pintado González y dirigidos por el Abogado Don Juan Riquelme Santana, habiendo   sido parte como Administración demandada la GENERAL DE ESTADO y en su representación y defensa el Abogado  del  Estado, y como Administración codemandada la de la COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE CANARIAS, representada  y dirigida por la  Letrada de sus Servicios Jurídicos,   se ha dictado EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes:

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Pretensiones de las partes  y hechos en que las fundan.

A.- En tres resoluciones de fecha 29 de mayo de 2013 dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife, se acordó estimar en parte las reclamaciones económico-administrativas presentadas y registradas con los números 38/01748/2011, 8/01749/2011 y 38/01750/2011, anulando los acuerdos impugnados, con remisión del expediente a los efectos expuestos, así como los actos posteriores derivados de los  mismos, declarando el  derecho a la devolución de las cantidades  que se hubieran ingresado como consecuencia de los  actos anulados, con los intereses legales  correspondientes.

B.- La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la solicitud de que se dictase  sentencia  en virtud  de la cual, estimando en todas sus partes el recurso, se declarase que el derecho de la Administración a realizar la comprobación de valores ha prescrito o, con carácter subsidiario, que se declarase la imposibilidad de que la Administración realice una nueva comprobación de valores, con expresa condena en costas.

C.-  La representación procesal  de la Administración demandada  se  opuso a  la pretensión  de la actora e interesó que se dictase sentencia por la que se desestimase el recurso interpuesto  por ajustarse a Derecho el acto administrativo  impugnado.

D.- La representación procesal de la Administración codemandada se opuso a la pretensión   de la actora e interesó que se dictase sentencia por la que se inadmitiera el recurso y subsidiariamente se desestimase el mismo por ajustarse a Derecho el acto administrativo  impugnado, condenando en costas a la recurrente.

SEGUNDO: Pruebas propuestas y practicadas.

Recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta y admitida con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO: Conclusiones, votación y fallo.

Practicada  la prueba y puesta de manifiesto, las partes formularon  conclusiones,  quedando las actuaciones  pendientes de señalamiento para la votación y fallo, teniendo lugar la reunión del Tribunal en el día de hoy, habiéndose observado las formalidades  legales en el curso del proceso, dándose el siguiente resultado y siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael Alonso Dorronsoro que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS  JURÍDICOS

PRIMERO: Objeto del recurso.

Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la tres resoluciones  de fecha 29 de mayo de 2013 dictadas por el Tribunal  Económico-Administrativo Regional de Canarias, Sala Desconcentrada  de Santa Cruz de Tenerife, por las que se acordó estimar en parte  las reclamaciones económico-administrativas presentadas y registradas con los números   38/01748/2011, 38/01749/2011 y 38/01750/2011, anulando los  acuerdos impugnados, con  remisión del expediente a los efectos  expuestos, así como  los actos posteriores  derivados de los mismos, declarando el derecho a la devolución de las cantidades que se hubieran ingresado como consecuencia de los actos anulados, con los intereses legales correspondientes.

La representación procesal de la parte actora postula la nulidad de dichos actos  por considerar  que el derecho de la Administración ha prescrito y en la circunstancia de que, habiéndose  anulado la resolución administrativa por la misma causa de falta de motivación de la valoración, concede a la Administración la posibilidad de instruir un nuevo expediente de comprobación  de valores.

La Administración demandada contesta a la demanda solicitando su desestimación remitiéndose a la fundamentación de la resolución impugnada.

La Administración codemandada   contesta  a la demanda solicitando su inadmisión por posible  interposición   del recurso  fuera  de plazo o su desestimación   por entender  que la resolución   administrativa   dictada  es correcta  y ajustada  a Derecho  por las razones  que indicaba.

Siendo las Resoluciones impugnadas de fecha 29 de mayo de  2013  y habiéndose interpuesto  el recurso  contencioso-administrativo con fecha 22 de julio de 2013 es patente que no concurre la extemporaneidad  alegada ad cuatelam.

SEGUNDO: En el presente caso estamos ante una escritura pública de disolución de comunidad y adjudicación de bienes realizada con fecha 14 de enero de 2005. El 30 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2010 el TEARC, en sendas resoluciones de dichas fechas, acordó estimar en parte las reclamaciones económico-administrativas  presentadas por considerar que las valoraciones practicadas no estaban debidamente motivadas, retrotrayendo las actuaciones, ello referido a – . Respecto a – en resolución de fecha 30 de julio de 201O, el TEARC acordó declarar la caducidad del expediente administrativo. Practicadas nuevas valoraciones, cuyo expediente se inicia el 11 de febrero de 2011, el 7 de abril de 2011 se notifican nuevas liquidaciones provisionales, frente  a las que se interponen las correspondientes reclamaciones económico- administrativas que culminan con la resolución que se impugna en estos autos que estima en parte las reclamaciones, por considerar que las valoraciones practicadas no estaban debidamente motivadas, retrotrayendo las actuaciones, ciertamente con una causa distinta de la anteriormente apreciada, en el primer caso no se indicaba la superficie de las muestras utilizadas, y en el segundo, las fechas de las seis transmisiones seleccionadas distan más de un año de la fecha del devengo del impuesto y falta la indicación  del origen de los coefientes utilizados, pero en definitiva, por la misma falta de motivación.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo establecida en Sentencias como la de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación en interés de ley de fecha 19 de abril de 2006, la cual declara como doctrina legal que: “La anulación  de una liquidación  tributaria por  causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida  anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos.”, no cabe apreciar la prescripción alegada por la parte actora en estos autos.

TERCERO: La STS Sala 3ª de 26 marzo 2015 (Casa, en unificación de doctrina, STSJ la Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 julio  2012 (J2012/238389)) señala: “CUARTO.- 1. Como hemos   dicho en la sentencia de  19 de noviembre de 2012 (casa. en int. ley 1215/2011), esta Sala viene manteniendo la posibilidad    de reiterar liquidaciones tributarias anuladas en vía económico-administrativa por defectos procedimentales, a fin de que la Administración  puede subsanar  el vicio advertido,  aunque la resolución no lo hubiese ordenado.

En este sentido, resultan significativas las sentencias de 26 de marzo de 2012,  (casa.5827/2009) y de 14 de junio de 2012, (casaciones 6219/2009 y 5043/2009), que resumen la posición de la Sala, basada  en la doctrina de la conservación de los actos y trámites  cuyo contenido se hubiera mantenido  de no haberse cometido la infracción  procedimental  que dio origen a la nulidad,  así como en la posibilidad  de convalidación  por la Administración   de los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan (art. 66 y 67 de la Ley 30/1992), aunque recuerdan  los límites  establecidos  a partir de la sentencia  de 7 de octubre  de 2000 (casa. 3090/1994), la prescripción y la santidad de la cosa juzgada, que impide reconocer tercera   oportunidad, en aras  del principio  de buena  fe, al que  están  sujetas las una Administraciones Públicas en su actuación (art. 3.1 de la Ley 30/199275), por/a  prescripción abuso de derecho y por el principio de seguridad jurídica  proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución.”

Lo señalado en el anterior fundamento jurídico, no determina necesariamente la desestimación de la demanda, la aplicación de la doctrina jurisprudencial reflejada en sentencias como la citada al principio del presente fundamento jurídico, permite apreciar en el presente caso que, por el mismo motivo de la anulabilidad, la falta de motivación de las valoraciones, se han anulado dos expedientes de comprobación de valores, todo ello en vía administrativa, no hay propiamente cosa juzgada en el sentido de que no ha habido ninguna sentencia judicial que decretase la anulación de dichos expedientes y sus correspondientes liquidaciones provisionales, si hay cosa juzgada administrativa, si es que se puede hablar de ello.

Ante la situación planteada, el principio de seguridad jurídica, exige la aplicación de la doctrina jurisprudencial contenida en Sentencias como la de como la del TSJ Castilla-León (sede Burgos) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, de fecha 14-12-2012, nº 565/2012 (rec. 396/2011. Pte: Garcia Vicario, Concepción), conforme a la cual:

“Sin embargo  también se ha declarado que cuando la Administración  reincide en los errores de motivación  decae su derecho a subsanar dicha deficiencia.  Doctrina jurisprudencial que resulta   de sentencias del  Tribunal  Supremo  como son  como  la de 9 mayo  2003,  Pte: Rodríguez  Arribas,  Ramón  cuando  después  de reconocer  la retroacción   con base en las sentencias  de 29 de diciembre de 1998, 7 de octubre de 2000 y 18 de enero de 200. Añade: “Cierto es -añadimos  ahora- que el derecho de la Administración  a corregir las actuaciones  producidas  con infracción  de alguna garantía  o formalidad o insuficiencia  de motivación  en las comprobaciones de valores, no tiene carácter ilimitado, pues está sometido  en primer lugar  a la prescripción, es decir puede  volver  a practicarse siempre que no se haya producido  dicha extinción de derechos y en segundo lugar a la santidad de la cosa juzgada, es decir  si se repite la valoración con la misma o similar ausencia  o deficiencia  de motivación,  comportar/a  la pérdida -entonces si- del derecho a la comprobación  de valores y en ambos  casos  (prescripción o reincidencia)   la Administración  habla  de pasar  por  la valoración formulada en su día por el contribuyente”.

En consecuencia procede estimar el recurso contencioso administrativo y anular las resoluciones recurridas por estar basadas en unas comprobaciones  de valores carentes de la adecuada motivación,  sin que proceda la retroacción de actuaciones para poder subsanar la motivación al haberse  reiterado   el defecto  por  dos  veces,  lo que  conlleva  que deba condenarse  a la Administración  a estar y pasar por el valor declarado por os contribuyentes en su día al formular las autoliquidaciones  con relación a los bienes inmuebles  urbanos a las que las  mismas   se contraen,   debiéndose   reintegrar  a la parte  recurrente la cantidad satisfecha en virtud de los actos anulados, con los intereses legales correspondientes  desde la fecha en que produjo el ingreso, lo que se efectuará en periodo de ejecución de sentencia.

Habiéndose  estimado  el recurso por  las  razones  antedichas,  estima   este  Tribunal innecesario  entrar a examinar las demás cuestiones  suscitadas  en la demanda  rectora del presente  recurso jurisdiccional.”

En el mismo sentido encontramos la Sentencia del TSJ Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo,  sec. 2ª, de fecha 28-6-2012, nº 649/2012 (rec. 1168/2007. Pte: Martin Sánchez,  Ascensión), conforme a la cual: “Y sobre que esta es la segunda  liquidación: La más reciente  jurisprudencia    sobre  la posible  reiteración   de la comprobación   de valores afirma que tradicionalmente  se ha venido sosteniendo  que después  de anulada  una comprobación de valores cabe otra sin que pueda asimilar la anulación al incumplimiento de la carga procesal que conlleva la preclusión, de forma que solo las comprobaciones nulas de pleno derecho  impedirían  una nueva comprobación. Así lo han venido entendiendo reiteradamente los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades. Esta Sala sostenía expresamente que anulada una comprobación de valores por insuficiente motivación cabía otra posterior siempre  que no hubiera prescrito la acción  de la Administración para determinarla deuda tributaria.

Frente a esta posición,  se abre otra en la que se mantiene la reiteración  limitada  de comprobaciones de valores. En concreto, la Audiencia Nacional en sentencia de 20 de junio de 2000 sostiene que la reiteración de comprobaciones de valores, sucesivamente anuladas por deficiente motivación, no interrumpe la prescripción y impiden nuevas comprobaciones.

El TSJ de Andalucía mantiene que anulada una comprobación de valores, se interrumpe la prescripción y cabe otra comprobación, pero señala que se opone al principio de confianza en una actuación diligente de la Administración, las anulaciones sucesivas que mantienen la situación litigiosa más allá de un plazo razonable (sentencia de 9 de marzo de 2001) y que si bien, en la comprobación de valores anulada con retroacción de actuaciones cabe nueva comprobación,  no es así cuando se produce una tardanza injustificada  por lesionar la seguridad jurídica (sentencia de 2 de mayo de 2001), y si la segunda incurre en igual defecto eso impide apreciar la interrupción de la prescripción (sentencia de 2 de junio de 2001), no   procediendo una tercera por ir contra el principio de confianza legitima (sentencia de 9 de marzo de 2002). Esta doctrina ha sido reiterada por otros Tribunales Superiores (Castilla- León en sentencia de 30 de marzo 2001; Cataluña en sentencia de 10 de julio 1997 y 1 de febrero 2001, Madrid en sentencia de 7 de noviembre 2001; Valencia en sentencia de 5 de diciembre 2000), siendo de destacar que el TSJ de Valencia indica que si se anula una comprobación de valores por falta de motivación sólo cabe nueva liquidación cuando lo solicite el contribuyente (sentencia de 30 de abril de 2001).

 El Tribunal Supremo, que entendía que después de una previa anulación  del acto de comprobación de valores, la Administración seguía conservando el derecho a determinar la deuda tributaria mediante la comprobación de valores, cumpliendo  rigurosamente  los requisitos legales establecidos y dentro del plazo de prescripción  (sentencia de 29 de diciembre de 1998), cambia posteriormente  el criterio, sosteniendo el de la reiteración limitada en la sentencia de 18 de diciembre de 1999, y de forma más precisa en la sentencia de 7 de octubre de 2000.

La primera sentencia reconoce con carácter general que la Administración tributaria no puede repetir indefinidamente su actuación valorativa hasta que acierte ordenando de forma abusiva la retroacción de actuaciones.

La segunda admite únicamente la posibilidad de que la Administración rectifique esa valoración una vez, señalando que “el derecho de la Administración a corregir las actuaciones producidas con infracción de alguna garantía o formalidad o insuficiencia  de motivación en las comprobaciones de valores,  no tiene carácter ilimitado, pues está sometido, en primer lugar a la prescripción, es decir, puede volver a practicarse siempre que no se haya producido dicha extinción de derechos y, en segundo lugar, a la santidad de la cosa juzgada, es decir, se repite la valoración con la misma o similar ausencia o deficiencia  de motivación comportaría la pérdida -entonces sí- del derecho a la comprobación de valores y en ambos casos (prescripción y reincidencia) la Administración habría de pasar por la valoración formulada en su día por el contribuyente”.

El criterio es reiterado en Sentencia de 20 de octubre de 2000. Tal criterio ha sido acogido por esta Sección en diversas sentencias (entre ellas la 106/02, 566/02,  111/03, 186/03 y 280/03 y 475/03).”.

Está claro que en el presente caso así ha ocurrido y que procede declarar que ha decaído el derecho de la Administración a practicar una nueva liquidación, destacando que no se está aplicando la doctrina del “tiro único”, puesto que en este  caso  son ya dos las comprobaciones  de valores realizadas y anuladas en vía administrativa  por falta de motivación, pero si el principio de seguridad jurídica y su aplicación al caso dado el tiempo transcurrido desde que se produjo el hecho imponible.

CUARTO: Sobre las costas procesales. De conformidad con lo previsto en el art. 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer a las Administraciones demandadas el pago de las costas procesales causadas por mitad.

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido estimar el recurso interpuesto por -, contra las tres resoluciones de fecha  29 de mayo de 2013 dictadas por el Tribunal  Económico- Administrativo Regional de Canarias, Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife, por las que se acordó  estimar  en parte las reclamaciones económico-administrativas presentadas y registradas con los números 38/01748/2011, 38/01749/2011 y 38/01750/2011, en el sentido de DECLARAR DECAIDO EL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A PRACTICAR NUEVAS COMPROBACIONESDE VALOR.

Todo ello con expresa imposición a las Administraciones demandada y codemandada, por mitad, de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella NO cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

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